PERÚ (Agosto 03 de 2025). El 28 de julio de 2025, la presidenta Dina Boluarte anunció ante el Congreso que el gobierno evalúa la aprobación de 134 proyectos de exploración y explotación minera, estimados en un valor total de US $6 mil millones, con el fin de incrementar ingresos desde el sector minero, pilar clave de la economía nacional. Se proyecta que la minería formal a pequeña escala alcanzaría más de US $5 mil millones en ventas anuales para finales de 2025, mientras que US $4.7 mil millones de esos proyectos deberían iniciar construcción antes de 2026.
Estrategia y marco operativo
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Liderazgo ejecutivo: El discurso presidencial elevó la minería como una palanca de recuperación económica y una fuente vital de recaudación fiscal.
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Proyectos seleccionados: 134 iniciativas incluyen exploración y explotación, con diferentes niveles de madurez y viabilidad.
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Formalización sectorial: Se excluyó a más de 50,000 mineros informales de un plan de formalización; actualmente, 31,000 mineros están en proceso de regulación para integrarse al sistema formal antes de fin de año.
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Financiamiento complementario: Se planea constituir un fondo privado que facilite acceso a capital para mineros formales de menor escala.
Implicaciones gerenciales clave
1. Diversificación del ingreso fiscal
La puesta en marcha de nuevos proyectos diversifica y estabiliza las entradas fiscales del país, reduciendo dependencia de otros sectores vulnerables.
2. Crecimiento del sector formal
La formalización gradual moviliza ingresos y mejora la trazabilidad productiva, fortaleciendo la gobernanza y la sostenibilidad del modelo minero.
3. Apalancamiento financiero para pequeños actores
El fondo privado proyectado reduce barreras de acceso al crédito para micro y pequeños mineros formales, potenciando el capital y la inversión local.
4. Gestión de conflictos y estabilidad operativa
Las manifestaciones de mineros informales —que bloquearon rutas estratégicas para empresas como MMG y Glencore— subrayan el riesgo reputacional y la necesidad de diálogo y consenso.
5. Calendario de ejecución
La meta de iniciar construcción en 2026 implica un cronograma acelerado de licencias, permisos y financiamiento, destacando la urgencia de eficiencia burocrática.
Riesgos y factores críticos
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Resistencia social: La exclusión de sectores informales genera tensiones que podrían escalar y afectar operaciones.
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Retrasos regulatorios: Obstáculos en permisos ambientales o de comunidad podrían demorar el inicio de obras y la entrada de inversión.
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Volatilidad de precios de metales: Cambios abruptos en el mercado del cobre o el oro podrían alterar la rentabilidad proyectada.
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Dependencia financiera externa: Aunque se fortalece el ingreso, la ejecución acelerada podría requerir préstamos con condiciones exigentes.
Plan de acción recomendando
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Establecer un comité interinstitucional para seguimiento de licencias y financiamiento.
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Diseñar mecanismos de participación y compensación para comunidades afectadas por nuevos proyectos.
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Crear una unidad de seguimiento de impacto económico y social, integrando datos de ventas formales, empleo y fiscalización.
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Asegurar que el fondo privado de financiamiento cuente con garantías estatales y protocolos de transparencia.
La decisión de evaluar la aprobación de proyectos mineros por US $6 mil millones representa una oportunidad estratégica para Perú: fortalecer la recaudación, dinamizar la economía y consolidar la formalización del sector. Sin embargo, el éxito dependerá de la ejecución eficiente, la gestión ética del sector informal y la capacidad institucional para mitigar riesgos sociales y ambientales. Una visión integrada y responsable será crucial para maximizar los beneficios económicos y restablecer la gobernabilidad minera a largo plazo.
Fuente: Reuters
